ANPROTED califica de violatoria a los derechos laborales, propuesta de descuento de sueldos a maestros.

Santo Domingo.– La Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED) expresó su firme rechazo a la propuesta legislativa que busca descontar el salario a los docentes que participen en paros o huelgas, al considerar que vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana.

La iniciativa, sometida en la Cámara de Diputados, plantea que las ausencias de maestros por participación en protestas sean consideradas injustificadas, lo que implicaría descuentos salariales y un mayor control de asistencia en los centros educativos.

Al ser consultado sobre el tema, Erick Álvarez, secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de ANPROTED, afirmó que esta propuesta constituye “un retroceso inaceptable en materia de derechos laborales y democráticos”, subrayando que el derecho a la huelga es una garantía constitucional que no puede ser penalizada.

Álvarez señaló además que esta posición recoge el sentir de los técnicos docentes a nivel nacional, quienes han manifestado su preocupación ante lo que consideran una medida coercitiva que busca limitar la libertad de organización y protesta del sector educativo.

En ese sentido, ANPROTED sostuvo que el derecho a la huelga es un principio constitucional y una conquista histórica del movimiento laboral, por lo que cualquier intento de limitarlo representa un retroceso democrático. La organización advirtió que medidas de este tipo evocan prácticas autoritarias del pasado y atentan contra las libertades sindicales.

En la misma línea, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) también ha rechazado la propuesta, señalando que el derecho a huelga está establecido en el artículo 62 de la Constitución y regulado por el Código de Trabajo, por lo que no puede ser desconocido por iniciativas legislativas.

Dirigentes magisteriales enfatizaron que las huelgas no constituyen la primera opción del sector educativo, sino que suelen surgir como respuesta a incumplimientos de acuerdos por parte de las autoridades. Asimismo, reiteraron su disposición al diálogo, aunque advirtieron que mantendrán el derecho a la protesta en defensa de mejores condiciones laborales y educativas.

ANPROTED insistió en que penalizar económicamente a los docentes por ejercer este derecho equivaldría a restringir garantías fundamentales, lo que —afirman— sería incompatible con un Estado democrático y social de derecho.

La propuesta legislativa continúa bajo estudio en el Congreso Nacional, mientras genera debate entre sectores políticos, educativos y sociales sobre el equilibrio entre el derecho a la educación y las libertades sindicales.